El 21 de diciembre de 2022 se aprobó la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Ganemos Colmenar muestra su disconformidad con una ley que no ha tenido en cuenta las numerosas aportaciones realizadas por organizaciones sindicales y movimientos sociales, reprochando al legislador esta oportunidad perdida para modernizar el sistema público de servicios sociales para darles la consideración de servicio público esencial, para establecer unas ratios de personal adecuados para la atención, para dotarnos de un catálogo de prestaciones que constituyan un verdadero derecho subjetivo para la ciudadanía, para exigir que se garantice una financiación adecuada que permita el ejercicio de los derechos sociales, para que no se maltrate a los municipios y mancomunidades abriendo las puertas y profundizando en la privatización de los Servicios Sociales.
Pero cuando hablamos de Servicios Sociales, la gestión directa debería ser prioritaria, y obligatoria si de lo que se trata es de Atención Social Primaria, ya que la modalidad de gestión directa asegura el mayor control y dirección del servicio que se presta, al eliminar intermediarios y ser el personal municipal responsable directo de la calidad y correcta prestación de los servicios sociales, así como de la aplicación de medidas urgentes en caso de ser necesarias.
La posible privatización de la Atención Social Primaria era impensable hasta ahora, estando interiorizado en toda la Comunidad de Madrid que los municipios o las mancomunidades son los encargados de prestar, en exclusiva, esa atención primaria.
Ante este nuevo panorama que se abre con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre de 2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se hace imprescindible que los municipios reivindiquemos el carácter público de los servicios sociales y nos blindemos ante la posibilidad de venderlos al mejor postor.
Carlos Gómez Colmenarejo, portavoz de Ganemos Colmenar, recalca que “Ganemos Colmenar apuesta por la gestión directa de todos los servicios públicos, ya que la consideramos más eficiente, más transparente, más barata, más democrática y más beneficiosa para la ciudadanía”.