Los hechos de las últimas semanas en la Comunidad de Madrid han constatado la falsedad en el expediente académico de la presidenta Cristina Cifuentes, así como que mintió en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Estos hechos exigen una respuesta de las instituciones, las organizaciones políticas y la ciudadanía, solicitando la puesta en marcha de mecanismos que restituyan la dignidad y credibilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la gente, debemos dar pasos en la dirección de restaurar la imagen de las administraciones públicas, la responsabilidad, la legalidad y la exigencia de depuración de responsabilidades ante los hechos acaecidos. Los mismos generan indignación en la ciudadanía, que para alcanzar una titulación universitaria, se ve obligada a realizar grandes esfuerzos, mientras tiene ante sus ojos ejemplos donde los gobernantes emplean sus cargos públicos para beneficiarse de la universidad y obtener falsas titulaciones universitarias.
Las acciones irresponsables de la presidenta han intentado cuestionar la imagen y la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad pública debe ser un espacio donde la excelencia y la profesionalidad sean señas de identidad. Resulta intolerable que se puedan asociar prácticas de esta índole con una universidad pública de la magnitud de la Universidad Rey Juan Carlos. Es en estos momentos cuando las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, deben obrar consecuentemente por la integridad de la Universidad.
Las mentiras de la presidenta en el parlamento autonómico, así como los múltiples casos de corrupción donde está implicado el Partido Popular, colocan a la Comunidad de Madrid en una situación de excepcionalidad democrática. Por todo ello, desde las administraciones locales nos vemos en la obligación de exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para que asuma así las responsabilidades políticas razonables, consecuencia de mentir a la ciudadanía, traicionar la confianza de los madrileños y madrileñas y perjudicar a la universidad pública.
Además, los casos de corrupción que se han sucedido, donde el Partido Popular que actualmente gobierna la Comunidad de Madrid se ha visto implicado, hacen necesario activar la herramienta parlamentaria de la moción de censura. La dimisión de la presidenta no es suficiente. Necesitamos superar un ciclo de más de 20 años, donde superemos el entramado de la corrupción instalado en el gobierno de la Comunidad de Madrid, para que la acción del gobierno se centre en limpiar las instituciones de corrupción y recuperar la decencia de la mayor administración de nuestra región.
Reclamamos, por imperativo ético, se pongan en marcha los mecanismos legales, de los que nos dotamos en nuestro sistema de derechos y libertades, para exigir que el Partido Popular abandone las instituciones tras su política de saqueo de lo público para beneficiar a unos pocos. Entendemos que es necesario utilizar todas las
herramientas democráticas, como es la moción de censura, para devolver la legitimidad a las instituciones y echar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Es necesario que se extirpe la mentira y las prácticas irregulares del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía debe recuperar la confianza en las instituciones para que en los próximos procesos electorales de 2019, se pueda ejercer el derecho a la participación en igualdad de condiciones, sin trampas ni mentiras. Restablecer la confianza básica en las instituciones es una tarea de sentido común para todas y todos los demócratas.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de GANEMOS COLMENAR PROPONE que se adopte los siguientes ACUERDOS:
Primero: Exigir la dimisión inmediata de la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes Cuenca.
Segundo: Declarar la necesidad de echar al PP en el gobierno de la Comunidad de Madrid, para establecer un gobierno de regeneración democrática en nuestra región.
Tercero: Trasladar estos acuerdos al gobierno de la Comunidad de Madrid y los grupos parlamentarios representados en la Cámara autonómica madrileña.