Ganemos Colmenar recrimina al alcalde del Partido Popular por casar a Wert en una finca precintada por el propio ayuntamiento
Los concejales de Ganemos Colmenar consideran obsceno que Miguel Ángel Santamaría, regidor del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, se prestara a oficiar la boda el pasado 11 de julio del ex ministro José Ignacio Wert y Montserrat Gomendio.
La boda se celebró en la finca La Camarga, sobre la que pesa una orden de cese por ausencia de licencia para realizar estos eventos.
Examinado el expediente administrativo, Ganemos Colmenar entiende que las distintas actuaciones en relación con el cese de esta actividad ilegal de la Camarga han pasado por tres etapas.
Los primeros pasos se produjeron en febrero del 2008, cuando la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración denunció que se estaban realizando en esta finca banquetes sin licencia de actividad. Las denuncias se reiteraron en múltiples ocasiones requiriendo la respuesta expresa por parte del Ayuntamiento. No obstante, en esta primera etapa la actitud del Equipo de Gobierno del Partido Popular fue la absoluta dejación de funciones, haciendo caso omiso a la asociación de hosteleros y no cumpliendo con la obligación de contestar expresamente a sus peticiones.
No fue hasta el año 2012, y tras la interposición de una demanda en vía contenciosa por parte de la asociación de hosteleros, cuando el consistorio inició las actuaciones preceptivas para poner fin a la actividad. La propia Junta de Gobierno, que Miguel Ángel Santamaría preside, acordó el 27 de junio de 2013 el cese inmediato en el ejercicio de una actividad no autorizada, dando de plazo a los empresarios de La Camarga hasta el 7 de agosto de 2013 y ordenando a la policía local que se personara el mismo 7 de agosto para precintar la finca en el caso de que no se hubiera desalojado las mercaderías y enseres.
Hubo que esperar un año, hasta que la Junta de Gobierno dictara un nuevo decreto el 5 de junio de 2014 reiterando la orden de cese una actividad sin licencia, otorgando nuevo plazo a La Camarga para que dieran cumplimiento a lo ordenado. Finalmente la policía municipal precintó la finca el 15 de julio de 2014.
La última etapa de la actividad no autorizada en La Camarga es la actual, en la que los empresarios de la finca siguen celebrando banquetes y ofreciendo impunemente sus instalaciones para celebración de eventos. Mientras, el Equipo de Gobierno del Partido Popular mira para otro lado. Ganemos Colmenar considera bochornoso que el regidor oficiara la boda de Wert en La Camarga, poniendo en evidencia que no tiene el más mínimo interés en que se cumplan sus propios decretos de cese de actividad y precinto de la finca.
La segunda parte del conflicto tiene que ver con la instalación de una puerta de acceso a la finca situada en un camino público. Los agentes forestales detectaron la colocación de una puerta metálica automatizada que impide el paso por el denominado Camino de la Sacristía, titularidad municipal, por lo que, mediante Decreto de 13 de agosto de 2013, el Ayuntamiento requirió a los particulares para que procediesen a realizar las obras consistentes en la retirada inmediata de la puerta existente, de manera que fuera posible el libre acceso a ese camino de uso público. El Decreto advierte a los interesados de que en caso de no cumplir con la “orden de ejecución” de la eliminación de la puerta, ejecutaría subsidiariamente una obra valorada en 467 euros.
Los concejales de Ganemos Colmenar han visitado la finca la Camarga y han podido comprobar que Miguel Ángel Santamaría tampoco es diligente en la ejecución de las resoluciones que tienen que ver con disciplina urbanística, dado que a día de hoy, la puerta permanece impidiendo el paso por un camino público.
Ganemos Colmenar pedirá al alcalde que dé explicaciones en la próxima comisión de urbanismo, que deje de colaborar oficiando bodas en fincas sobre las que pesa orden de cese de la actividad y que ejecute los decretos que él mismo dicta.
Del relato de los hechos sólo se puede concluir la existencia de negligencia o privilegio. O el alcalde es manifiestamente incompetente para ejecutar las decisiones y decretos que adopta, o los empresarios de la finca La Camarga gozan de un trato de favor y el Ayuntamiento les ha permitido ejercer su actividad a pesar de las órdenes de cese y de precinto de la finca.