La Comunidad de Madrid publicó, con “nochebuenidad” y alevosía, el 23 de diciembre, el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, la Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, acordó la tramitación de urgencia de este Anteproyecto de Ley, lo que hace que se prescinda del trámite de consulta pública, y que el trámite de audiencia e información pública sea de sólo 7 días hábiles.
Ganemos Colmenar entiende que es inaceptable la tramitación de urgencia de un Anteproyecto de Ley que pretende modificar 33 leyes y 5 decretos o decretos legislativos de la Comunidad de Madrid, además de crear la Agencia Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con la excusa de la crisis ocasionada por el COVID-19. El Anteproyecto de Ley pretende modificar leyes que afectan a ámbitos como el urbanismo, el medioambiente y protección de la naturaleza, la hacienda pública, la ordenación del transporte urbano y de las carreteras, la ordenación del juego, las entidades locales, servicios sociales, servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes forestales, Policía Local, transparencia, cuestiones administrativas, Tribunal Administrativo de la Contratación Pública, o el régimen estatutario del personal del Servicio Madrileño de Salud, entre otras.
En palabras de Carlos Gómez Colmenarejo, portavoz de Ganemos Colmenar: “La Comunidad de Madrid quiere aprobar por la puerta de atrás y sin que nadie se entere, una importante modificación legislativa, sin justificar en ningún caso por qué cada una de las leyes o decretos que se pretende modificar precisan de tramitación de urgencia. Tampoco se justifica la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid por esta vía urgente, un órgano que no va a contar con control parlamentario, y que será un nuevo instrumento para acelerar la privatización de la Sanidad Pública madrileña.”
Ganemos Colmenar se suma a las más de 35 entidades sociales y más de 13.000 personas que piden la retirada de la “Ley Ómnibus”, dada su trascendencia y sus efectos sobre la sociedad madrileña, sus derechos, su territorio, su medioambiente y sobre los servicios públicos.